El asilo diplomático y Jorge Glas

Las normas que deben ser observadas para los casos de solicitud y otorgamiento de asilo se hallan consagradas en algunos acuerdos internacionales en el ámbito interamericano, principalmente en la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada el 28 de marzo de 1954, en el marco de la Décima Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas, Venezuela, y que entró en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año.

El Artículo III de dicho instrumento establece:

“No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.

Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá Juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega”

Está fuera de duda que el señor Glas es una persona que fue sometida a proceso judicial con todas las garantías de legítima defensa, proceso que cumplió con todas las instancias previstas en la legislación ecuatoriana y que dio como resultado la condena a prisión del exvicepresidente, por haber cometido delitos bien especificados en el Código Integral Penal vigente en el Ecuador. Este hecho, por sí mismo, debió haber sido considerado por la Embajada mexicana la cual, al tenor del citado artículo de la Convención de Caracas, tenía que haber invitado al señor Glas a abandonar su sede. No lo hizo y, en cambio, acogió al personaje en calidad de “huésped”, figura no contemplada en el derecho internacional. Cabe anotar que el texto de la Convención utiliza el término “deberán ser invitadas” (las personas señaladas en el artículo III); es una fórmula mandatoria.

El contenido del artículo III de la Convención de Caracas debe ser interpretado como una prohibición a los países de otorgar asilo a personas perseguidas, procesadas o condenadas por delitos comunes. El instrumento de Caracas, sin embargo, en su artículo IV, dice que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, lo cual plantearía la posibilidad de que el Estado al que se solicita asilo descalifique una resolución judicial o, peor aún, una sentencia ejecutoriada, cosa que constituiría una ilegítima intervención en los asuntos internos de otro Estado.

La atribución que concede al Estado asilante la Convención de Caracas en su artículo IV debe ser interpretada en el marco de la buena fe en que deben desenvolverse las relaciones internacionales. Tal atribución debe ser ejercida en los casos en que exista evidencia de que, efectivamente, las razones de la persecución o condena de la persona no son de naturaleza delictiva, aún cuando un proceso judicial fraudulento haya disfrazado de delito común a un acto de carácter político, o que se haya basado en falsas acusaciones en su contra.

No es éste, de manera alguna, el caso del señor Jorge Glas. Su responsabilidad en los delitos que se le imputaron fue absolutamente clara. Los jueces de las sucesivas instancias -se cumplieron todas las contempladas en nuestra legislación- reconocieron las evidencias presentadas por la Fiscalía y las que surgieron durante el proceso y actuaron conforme a la ley.