Narcoestado

Es imposible resumir los sentimientos de malestar y desencanto que ocasiona leer el artículo del periodista Alexander Clapp, publicado en The Economist, en el que califica al Ecuador como: ‘el nuevo narcoestado del mundo’, en el que parece solazarse, a ratos, en el relato acrítico y minucioso de hechos repugnantes, omitiendo, en cambio, información de contraste indispensable como, por ejemplo, el trabajo denodado y fructuoso de la Fiscalía General del Estado.

El concepto de narcoestado no ha sido oficialmente definido. Fue utilizado por primera vez en los tribunales de Nueva York, con relación a un país centroamericano. Consultando el Diccionario, se encuentra el término Narcopolítica: “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.

En cambio, la literatura especializada lo aplica para describir situaciones en que el crimen organizado participa del poder político, controlando varias instancias claves del Estado buscando traficar impunemente drogas ilícitas, armas, personas y órganos; practicar minería ilegal y lavado de activos; entre otras actividades ilegales, mediante el cometimiento de delitos como: sicariato, extorsión, secuestro, etc.

Si el Estado se define como una organización política, ordenada jurídicamente, en un territorio, que monopoliza de manera legítima el uso de la fuerza y que ejerce con exclusividad sus competencias, incluida la provisión de los servicios públicos, es evidente que Ecuador ha perdido, desde hace mucho más de una década, algunas de estas capacidades  en áreas geográficas  y sectores de la sociedad donde la criminalidad ejerce poder y autoridad. También es cierto que ha existido la cooptación por las organizaciones criminales de algunos políticos, operadores de justicia y miembros de la fuerza pública. Pero no puede desestimarse, de igual manera, los esfuerzos que realizan las instituciones para reaccionar frente a tan abrumadora amenaza.

El daño que ocasiona esta publicación es grande, pero contiene muchas dolorosas verdades y trasluce una causa evidente: la descomposición de la clase política. Ese es el verdadero problema que reclama una solución urgente y debe ser enfrentado monopólicamente por los ecuatorianos.